Melamina en leche, micotoxinas en comida para mascotas, vida útil indebidamente extendida en carnes vencidas, carnes de caballos etiquetadas como carnes de res, clembuterol en la alimentación animal, uso ilegal de bactericidas, virucidas, pesticidas en criaderos de peces, contaminación con diesel por prácticas ocultas de transporte de combustible en bodegas de pesca, drogas escondidas en alimentos y bebidas, aceites industriales mezclados con aceites vegetales, miel de abeja de contrabando, imitación de alimentos, marcas pirateadas… quién no ha escuchado historias escandalosas en los últimos años que ha perjudicado la vida de infantes, mascotas y consumidores en general. El fraude alimentario es uno de los riesgos emergentes que afectan la integridad de los productos alimenticios y la credibilidad de nuestra cadena de suministro.
La mayoría de los programas de protección a los alimentos que, hasta hace poco, prevalecían en la industria alimentaria, se enfocaban en la prevención de daños no intencionales como los peligros de ocurrencia natural mediante la metodología HACCP y los peligros generados por inadvertencia, mediante los Programas Prerrequisitos. Pero, ¿qué pasa con aquellas adulteraciones intencionales de alimentos, para obtener un beneficio económico?
Estamos viviendo una etapa que, en décadas anteriores, no era tan marcada o no era tan obvia: la escasez de materias primas, originada por diferentes factores como el cambio climático y las sequías o inundaciones resultantes, que ocasionan un encarecimientode los suministros o una contaminación de los mismos (como es el caso de las micotoxinas); el déficit económico por el que pasan ciertos países, hacen que los productos las materias primas sean cada vez menos accesibles; las “guerras comerciales” y las tensiones geopolíticas que tiene a los alimentos como un elemento de negociación, la especulación, la competencia globalizada que pone a ciertos proveedores de alimentos en un estado de supervivencia, la polución de los campos, aguas y ambiente en general que afecta fuentes de cultivo, crianza o pesca. Esto conlleva a buscar fuentes o soluciones alternas para obtener o surtir los alimentos que requiere la sociedad. El problema es que, en algunas ocasiones, estas fuentes improvisadas o planeadas no son las adecuadas y se utilizan estrategias inaceptables para obtenerlas.
Ahora vemos cada vez más noticias en donde el concepto de fraude alimentario está presente, cuyo objetivo es lucrarse ilegítimamente a expensas del consumidor o del cliente. Estas estrategias de engaño incluyen fraudes directos en las materias primas, ingredientes, materiales de empaque o ayudantes de procesamiento o en la manera de procesar o de conseguirlos como son las indebidas diluciones, sustituciones, adiciones, alteraciones y otras técnicas para ocultar una adulteración o mejorar aspectos sensoriales, y otros fraudes que van desde declaraciones falsas o engañosas en las etiquetas, fichas técnicas o certificados de calidad sobre las características o beneficios del producto, de su procedencia o identidad, hasta la liberación de productos potencialmente inseguros o no conformes debido a desviaciones de proceso o sospechas de contaminación, sin olvidar los recientes casos de uso de alimentos como vehículos de sustancias ilícitas.
Si bien algunas veces no tendría una repercusión directa sobre la salud de los consumidores (diluciones, peso anunciado que no se cumple, origen real, alegaciones ambientales, religiosas, origen real, certificaciones usurpadas), otras veces el fraude alimentario sí lo tiene y se convierte , entonces, en un causa de peligros para la inocuidad alimentaria, como lo sugiere el reglamento de Controles Preventivos 21CFR117 en su subparte C, al introducir el concepto de EMA(Economically Motivated Adulterants)
Los fraudes cometidos directamente sobre los ingredientes son, en muchas ocasiones, difíciles de detectar a simple vista o, incluso, utilizando técnicas de laboratorio ya que el objetivo de estos engaños es pasar por inadvertidos. Entonces, esas adulteraciones en las que se pueden utilizar sustituciones de ingredientes por otros de menor costo, pueden afectar gravemente la salud de los consumidores. El ejemplo más aterrador de ello es el gran escándalo generado por la utilización de melanina (un componente que al ser metabolizado en el organismo genera problemas renales) en la leche, la cual llego como materia prima en diversos productos, incluyendo fórmulas para bebés, matando o causando daños a miles de infantes y mascotas.
A raíz de este evento, que justo en septiembre de este año, cumplirá una década, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), reiteraron la solicitud a los diferentes gobiernos de proseguir continuar con estrategias que garanticen la inocuidad de los productos.
Se trata de una responsabilidad que no sólo debería estancarse en intenciones gubernamentales, sino involucrar a todos los actores de la cadena de suministro, especialmente a los profesionales encargados de gestionar la inocuidad alimentaria y de controlar a los proveedores. Con base en análisis de riesgos, ciencia, conocimientos actualizados, y controles preventivos a la medida, estamos llamados a participar de este compromiso mundial, con el afán de establecer estrategias y sistemas adecuados, que nos permitan prevenir las EMA y proteger, al mismo tiempo, nuestra reputación como profesionales diligentes y éticos, la frágil imagen de nuestra empresa ante las redes sociales y medios de comunicación, y, sobre todo, un derecho no negociable de los consumidores: la seguridad de sus alimentos.