Frente a la emergencia sanitaria que rige en numerosos países, la industria de alimentos es estratégica, equiparada con servicios básicos como la seguridad pública o los centros de salud, por lo que los gobiernos incentivan a las empresas de este sector a no discontinuar la producción y distribución de alimentos y bebidas.
Sin embargo, debido a la complicación que los confinamientos, las medidas preventivas y los casos de contagio generan varios sectores de la cadena de suministro de materias primas e ingredientes se ven afectados por la escasez de personal. A este problema se suman otras complicaciones: en ciertos países, las autoridades han requisado instalaciones de proceso para la producción de artículos de interés nacional como geles sanitizantes y cubre bocas; mientras que el cierre de fronteras, los embargos, los toques de queda, hasta los bloqueos de carretera por sectores de la población, dificultan o imposibilitan la logística de las entregas y de la distribución.
Todos esos factores contribuyen a que numerosos proveedores de ingredientes y materias primas tengan que desacelerar su ritmo productivo o simplemente interrumpirlos, obligando la industria a buscar proveedores de emergencia.
Además, la falta de personal afecta no solamente la capacidad de producción sino también las áreas de apoyo, incluyendo los equipos a cargo de los programas de inocuidad alimentaria. Es más, las mismas autoridades de los países afectados carecen de recursos y deben, sino interrumpir, por lo menos restringir los controles sanitarios tanto en los establecimientos de alimentos como en las fronteras. Esta situación fragiliza la confiabilidad de la cadena de suministro en cuanto a controles sanitarios e inocuidad alimentaria.
En pocas palabras, es necesario anticipar una crisis inminente de la cadena de suministro de los productos alimenticios, que puede conllevar varias amenazas: escasez de materias primas; especulación sobre disponibilidad y encarecimiento de las mismas; como consecuencia, incremento de los intentos de fraudes y de adulteración por motivos económicos; contrabandos y problemas de seguridad mediante las fuentes de alimentos y bebidas; o simplemente mayores riesgos sanitarios y de inocuidad alimentaria.
Es por eso que en medio de las contingencias médicas, sociales, económicas y hasta políticas que se disparan en todas las regiones del mundo, FPI insta a los Equipos enfocados en la protección integral del producto a aplicar las siguientes acciones:
1. Poner sobre la mesa los planes de prevención de adulterantes intencionales y no intencionales, particularmente poner atención especial en los programas de prevención de fraude e inocuidad.
2. Re evaluar sus análisis de peligros y de vulnerabilidades para identificar posibles riesgos para la integridad de sus alimentos y bebidas y analizar la necesidad de reforzar los controles actuales.
3. Revisión del procedimiento de compras por emergencias, para evaluar que se encuentre actualizado, y en caso necesario realizar las modificaciones para tenerlo preparado ante este escenario.
A pesar de estar pasando un momento difícil, debemos tomar en cuenta que, históricamente, son momentos para que se lleven a cabo prácticas desleales o negligentes, por tanto, es la oportunidad para que la industria de los alimentos, más que nunca muestre su compromiso con la protección de los consumidores, empleados, grupos de interés y de sus marcas.
